Algo
sucede con este presente nuestro que
llamamos globalizado. Recientemente
hemos presenciado los estragos de una crisis financiera y de crédito que se
acarrean desde 2008, efectos de una liberalización del mercado que ha llevado
al extremo la lógica neoliberal del capitalismo contemporáneo; en Norteamérica
y la Unión Europea las políticas de recortes a los servicios y al sector público
han adelgazado la seguridad social de
las economías de Bienestar que, rápidamente, abandonan el modelo keynesiano de
planificación y redistribución de la riqueza sin cuestionar los elementos
propios del modo de producción: la
apropiación privada de la plusvalía y el trabajo alienado, basamentos de la
explotación según Marx. Paradójicamente, estos recortes de la reificada esfera
pública –sometida a la ley de la forma mercancía que invadió espacios antes
ajenos a lo económico- han confluido en una nueva deriva securitaria: desde los
años ochenta del siglo XX, luego del fallido New Deal, la administración Reagan dio forma, instrumental y
financiamiento al “consenso de Washington” que reordena la hegemonía –ahora global-
de los dispositivos de seguridad que
constituyen la racionalidad gubernamental vigente. Desde entonces los
Estados-nacionales del orbe, incluso en nuestras regiones, han aplicado
sistemáticamente una política de guerra
contra el crimen organizado y se alinean al bloque histórico que ve la
necesidad de exportar “democracia” a aquellas regiones en donde las redes espectrales
del terrorismo global subsisten real e imaginariamente en países y territorios
de Medio Oriente, que padecen todo tipo de poderes despóticos y autocráticos
como efecto de más de un siglo de modernidad precaria y subyugada. La guerra y
el conflicto se han desterritorializado tanto como los actuales flujos del
capital financiero, sin perder nada de la triste explosividad que hizo de la
barbarie una condición propia de la modernidad. Hoy la derrama financiera
acompaña, como siempre ha hecho, a la otra derrama, aquella de la sangre y
formas de vida que son señaladas por el mal
radical como el mal absoluto en
contra del cual un mundo que se quiere Occidental, cuya complejidad crece día
con día, debe oponerse bajo los lineamientos del mercado de armas y una
creciente militarización en el ordenamiento local y regional. El capital
financiero impone su imperativo categórico en todas las latitudes.
Esto ha hecho la desgracia, también, de
América Latina. Basta con pensar en los casos de Colombia, Chile y México,
quienes en su apego al liberalismo en su nueva forma han sembrado las nuevas
condiciones del terror que es ahora la pesadilla civil en su etapa más
reciente. En gran medida estos conflictos se han centrado en la circulación de
la droga y su mercado sanguinario. Colombia, cuyo proceso de nacionalización de
las masas y de su proyecto político nunca cristalizó cabalmente en una forma
gubernamental, lidia ahora con los estragos de los blancos positivos y la paramilitarización sin tregua; de similar
forma México enfrenta hoy por hoy una crisis en las estructuras estatales cuya
ocasión ha sido algo más grave que el problema de corrupción, la regresión hacia un autoritarismo de
conservador talante -que hemos visto con alarma- nos enfrenta a niveles de
violencia propios de una guerra civil, sin que haya estallado una por el
momento. Los “daños colaterales” de la estrategia
nacional de seguridad nos dejan un apabullante saldo que algunos contabilizan
en 80, 000 muertes, producto de los conflictos protagonizados por las fuerzas
de seguridad pública y un ejército con amplias facultades. El “estado de excepción”
de facto parece ser ley en nuestros
aciagos tiempos. En Chile la cara visible de la movilización estudiantil se
opone a las medidas de privatización y busca hacer del derecho a la educación
una realidad allí donde las leyes del mercado coartan toda forma de bien
público.
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